compañeros de prisión

por: Andrés Chaucanés

03/01/2017

Cuando salí de la cárcel, Olivo García completaba siete meses de reclusión, igual que yo. La diferencia principal consistía en que yo tenía algo que ver, no con los cargos que me imputaba la Fiscalía en el momento de mi captura, pero definitivamente algo que ver con los hechos en medio de los cuales fui capturado. Olivo García, no.

Era un hombre extraño, buena gente. Eso era lo que se escuchaba en el patio, el mismo que Olivo recorría en las mañanas con sus ciento ochenta centímetros de estatura y con esos ojos grandes y brillantes de perro callejero. Olivo flaco. Olivo encorvado. No era orgulloso y compartía todo con quien lo necesitaba: comida, medicamentos, ropa, elementos para el aseo, sin reparos y sin pedir nada a cambio. Esa cualidad ofrecía el escenario adecuado para que los llamados “camelletes” (presos que viven de otros presos) encontraran en él una despensa. Sin embargo, no compartía por temor a ellos, sino porque se lo dictaba su espontaneidad: “cuando yo puedo ayudar lo hago, manito, y cuando no se puede ¿qué se va hacer?”.

La Fiscalía le acusaba de extorsión. En las audiencias preliminares se hablaba de una condena de dieciséis a veinticuatro años de prisión intramuros. Las investigaciones señalaban, como origen de las llamadas extorsivas, algún lugar del noroccidente colombiano. Al parecer, las llamadas no se ejecutaban desde un solo sitio, razón por la cual no había certezas. La única información precisa que tenían las autoridades era el lugar en el que fue cobrada la extorsión: Policarpa, municipio de Nariño; y un nombre: Olivo García. Él fue quien acudió a una empresa de giros para retirar el dinero. El cobro fue hecho a su nombre, de modo que, con ese dato y con las imágenes registradas por las cámaras del lugar, la Fiscalía tuvo razones suficientes para adelantar, junto a los aparatos de inteligencia, la captura del implicado.

Cuándo nos encontrábamos en el patio, en el espacio que habíamos adecuado para estudiar, nunca creí que alguien pudiera interesarse en aprender a escribir con la entrega que lo hacía Olivo. Todo el tiempo cargaba una vieja cartilla Nacho, un cuaderno y un libro de Historia de Colombia que, aunque no entendía, le generaba gran satisfacción por las ilustraciones.

A las once de la mañana hacíamos pausa en el trabajo y por lo general muchos se iban a conversar con otros internos o a solucionar asuntos correspondientes al “bienestar” de cada uno. Entonces Olivo y yo aprovechábamos para hablar, algunas veces sobre el país, el trabajo, nuestras familias, nuestros lugares de origen, y en medio de todas esas cosas hablábamos de nuestra verdad. En la cárcel, todos somos inocentes. Asumimos y nos creemos esa mentira por conveniencia. Pero con Olivo era diferente. Había algo que hacía que, quienes le escuchábamos, le diéramos validez a su versión. Él, efectivamente, era inocente.

Un día antes de la captura, Olivo se encontraba en la zona rural del municipio de Policarpa. Allí recibió una llamada telefónica hecha por la persona representante de un programa gubernamental de protección social. Pronto las preocupaciones relacionadas con las necesidades de su hija iban a disminuir, pues resultaba que, según esa llamada, él y su mujer habían sido inscritos como beneficiarios de un subsidio. Fue citado para el día siguiente en la cabecera municipal. Le pidieron que se acercara con su esposa al parque principal para adelantar los trámites y formalizar la inscripción en el programa. Allí le estarían esperando los funcionarios y ellos le darían instrucciones.

Olivo y su mujer dispusieron lo necesario para ausentarse medio día de la casa. Su hija estaría a cargo de la madre de él, una señora de ochenta años de edad.

Cuando se presentaron a la diligencia, fueron abordados por funcionarios de la Sijin que fingían ser representantes de los programas de acción social del gobierno. Una vez comprobada la identidad de Olivo y su esposa, los agentes procedieron a ejecutar la captura. Eran tres policías. “Fueron amables”, afirma Olivo. Él y su esposa nunca se resistieron. Durante el traslado a Pasto, no fue necesario utilizar esposas, ni siquiera en el restaurante en que almorzaron ni cuando pidieron ir al baño. “El restaurante se hallaba en la carretera. Yo conocía la zona, ellos no. Si hubiese deseado escaparme, fácilmente lo hubiese conseguido”, manifiesta Olivo. “¿Por qué no se fue?”, interroga uno de sus compañeros de celda. “Yo no debía nada; por eso nunca me escapé”, contesta.

Terminada la legalización de la captura, les trasladaron a la cárcel. Después de diez días, la esposa de Olivo fue enviada a casa bajo la condición de prisión domiciliaria, gracias a la gestión de un abogado, una cantidad de dinero y los beneficios que las leyes permiten cuando, en situaciones judiciales, los imputados tienen a su cuidado personas menores. Para entonces, Estefany, la hija de Olivo, tenía tres años de edad. “Mi adoración”, decía él. Durante los siete meses que fuimos compañeros, nunca permitió que Estefany le visitara.

Así relata Olivo el día en que cometió uno de los peores errores de su vida, el que lo llevó a la cárcel: “Era un miércoles cuando llegó la señora que vivía en la casa contigua a la nuestra y me pidió el favor de que recibiera un giro a mí nombre, una platica que le enviaba un familiar del Meta; a cambio, ella me pagaría cincuenta mil pesos. Según dijo, ella había perdido la cédula. Yo le hice el favor y nunca le cobré”. La suma que habría de recibir Olivo era cuatro millones de pesos. “Fui con la cédula y me entregaron la plata. Luego di el dinero a la señora. Pasó una semana hasta que comenzó todo esto”.

Inicialmente, el fiscal le ofreció un pre-acuerdo: un año de prisión intramuros a cambio de que aceptara los cargos por extorsión simple y colaborara con la justicia delatando a sus cómplices. Olivo aceptó. En la cárcel es muy común que los presos acepten cargos. Es la salida más fácil. De lo contrario, habría que hacerse a la idea de purgar, como mínimo, cinco años de encierro. Ese es el tiempo que tarda el proceso judicial, sin la garantía de que la respuesta de la justicia vaya a ser favorable. Siempre está el riesgo de que, aun siendo inocente, uno termine inculpado, cosa que implica la pena máxima en prisión. De modo que no acogerse al Principio de Oportunidad significa estar dispuesto a pasar cinco años en la cárcel y tener la disposición mental para “aguantar”. Ese es el tiempo que la justicia colombiana necesita para demostrar la inocencia o culpabilidad de un sindicado. En caso de que el Estado, representado por la Fiscalía, no consiga acumular las pruebas necesarias que evidencien la responsabilidad en el delito, la situación se torna contraria a la anterior y es el acusado quien exige las reparaciones por el período que pasó en prisión, y por el daño causado a él y a su familia.

A Olivo le pareció que era un buen trato. Después de un mes le notificaron que la Fiscalía no consideraba idóneo al fiscal y que, por tanto, había sido cambiado. Pronto llegó el sucesor, quien no se mostró interesado en brindar la posibilidad de un preacuerdo.

Al cabo de siete meses en la cárcel, el Fiscal entendió que no represento peligro para la sociedad y que es mejor poner mis “potencialidades” al servicio de la misma. Potencialidad es el gran corazón de Olivo García, quien merece vivir tranquilo y pasar la navidad con su familia. Pero él no es un exministro de agricultura capturado en Miami, capaz de pagar cien mil dólares -trescientos millones de pesos colombianos- por la libertad bajo fianza.